Un tribunal boliviano declaró en "rebeldía" al expresidente Evo Morales al faltar por segunda vez consecutiva a una audiencia judicial que debía resolver la acusación por trata agravada de personas en su contra.

El juez Nelson Rocabado dictaminó varias medidas contra el exmandatario:

• Arraigo nacional
• Notificación por edicto de la resolución
• Mandamiento de aprehensión
• Anotación preventiva de bienes
• Congelación de cuentas bancarias

La defensa argumentó que Morales no pudo asistir debido a una bronconeumonía y bradicardia, justificación que el juez consideró insuficiente. El abogado Jorge Pérez calificó el proceso como "ilegal", alegando que Morales nunca fue notificado y que el caso ya había sido resuelto anteriormente.

La Fiscalía imputó a Morales en diciembre por presuntamente mantener una relación con una menor de edad con quien habría tenido un hijo en 2016, cuando la presunta víctima pertenecía a un grupo político juvenil de su gobierno. Sin embargo, la mujer presentó recientemente un memorial negando ser víctima de trata y denunciando persecución política.

Morales permanece desde octubre en el Trópico de Cochabamba, su bastión político, protegido por sus seguidores ante una posible orden de aprehensión. Este proceso judicial ha profundizado la división entre Morales y el actual presidente Luis Arce, distanciados desde finales de 2021 por diferencias en las decisiones gubernamentales y el control del Movimiento al Socialismo (MAS).

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