El Tribunal Constitucional (TC) anuló la ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por considerarla inconstitucional, según establece la Sentencia TC/0767/24. Esta decisión responde a la acción directa interpuesta por la Fuerza del Pueblo, el PLD y el PRD.

La controversial ley, aprobada el 10 de enero y promulgada el 15 del mismo mes, recibió al menos siete acciones de inconstitucionalidad. Entre los principales opositores destacaron organizaciones como Acción Cristiana, Juventud con una Misión y la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD).

Los aspectos más cuestionados fueron:

• Artículo 11: Obligaba a instituciones públicas, privadas y personas físicas a entregar información a la DNI
• Artículo 26: Establecía sanciones penales de 2 a 3 años de prisión y multas por ocultar información

El expresidente Leonel Fernández calificó la ley como "el retroceso institucional democrático más grave desde la muerte del dictador Trujillo".

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también se opuso, advirtiendo que el lenguaje ambiguo y las sanciones fomentarían la autocensura periodística.

Aunque el Poder Ejecutivo intentó modificar la ley en septiembre tras reuniones con la SDD para corregir "ambigüedades", el Tribunal Constitucional finalmente la declaró inconstitucional, reafirmando la protección de los derechos fundamentales y el estado de derecho.

La ley originalmente buscaba proteger los intereses nacionales y evaluar amenazas contra el Estado, pero su formulación generó preocupaciones sobre posibles violaciones a derechos constitucionales como la libertad de expresión, la intimidad y el honor personal.

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