El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó el juicio contra Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito y Judith Franchesca Aguasvivas Báez, acusados de supuesto fraude societario contra las familias Mayol y Serrano.

La magistrada Yissel Soto estableció la nueva fecha para el jueves 23 de enero a las 9:00 de la mañana, acogiendo la petición de la defensa para preparar sus argumentos, pese a la oposición del Ministerio Público que consideró la solicitud como una "táctica dilatoria".

Los acusados están señalados por presuntamente falsificar documentos societarios para apropiarse de Costa Dorada y obtener control sobre 6.3 millones de metros cuadrados en terrenos costeros ubicados en Bahía de Calderas, Baní.

En abril de 2024, la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocó la decisión que excluía como querellantes a los propietarios de las acciones de Costa Dorada. Esta resolución estableció que los imputados debían defenderse de la acusación presentada por las empresas querellantes, asumida por el Ministerio Público.

Juan Tomás Vargas De Camps, representante legal de los querellantes, calificó la decisión como "un día de júbilo para el derecho de propiedad y la tutela judicial efectiva". Por su parte, Manuel Sierra Pérez destacó la importancia de revocar la decisión anterior, que negaba el derecho de los accionistas desposeídos a reclamar sus acciones en justicia.

Los juristas coincidieron en que la decisión revocada era inadecuada, pues negaba el derecho fundamental de los accionistas desposeídos a reclamar sus propiedades, argumentando erróneamente que solo la compañía podía comparecer como querellante.

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