El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha implementado diez reformas constitucionales significativas en Nicaragua, consolidando su poder y control sobre el país.

Las principales modificaciones incluyen:

1. Eliminación del límite de reelección presidencial, permitiendo a Ortega mantenerse en el poder indefinidamente.

2. Otorgamiento de poderes extraordinarios a la vicepresidenta Rosario Murillo, incluyendo la capacidad de emitir decretos ejecutivos.

3. Control total sobre las Fuerzas Armadas, designando a Ortega como Jefe Supremo del Ejército y la Policía Nacional.

4. Restricción de la participación política opositora mediante nuevos requisitos electorales.

5. Ampliación del control sobre el sistema judicial, permitiendo nombramientos directos de jueces y magistrados.

6. Establecimiento de penas más severas para "delitos contra la seguridad nacional".

7. Limitación de la libertad de prensa y expresión bajo el pretexto de "proteger la paz social".

8. Fortalecimiento del control estatal sobre organizaciones no gubernamentales.

9. Modificación del sistema electoral para favorecer al partido gobernante.

10. Centralización del poder económico mediante el control de recursos estatales.

Estas reformas han sido criticadas internacionalmente por socavar la democracia y los derechos humanos en Nicaragua, consolidando un régimen autoritario que concentra el poder en la pareja presidencial.

La comunidad internacional ha respondido con sanciones económicas y diplomáticas, mientras que la oposición nicaragüense continúa denunciando estas modificaciones como ilegítimas y antidemocráticas.

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