La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, realizó una amenaza pública contra el presidente Ferdinand Marcos Jr., su esposa y el presidente de la Cámara de Representantes, declarando que ha contratado a un asesino para matarlos en caso de que ella sea asesinada.

El Comando de Seguridad Presidencial incrementó inmediatamente la protección del presidente Marcos, considerando la amenaza como un asunto de seguridad nacional. El secretario ejecutivo Lucas Bersamin calificó la situación como una "amenaza activa" que requiere acción inmediata.

Duterte, abogada de 46 años, intentó posteriormente matizar sus declaraciones, argumentando que no era una amenaza real sino una expresión de preocupación por su propia seguridad. Sin embargo, según el código penal filipino, tales declaraciones públicas pueden constituir un delito punible con cárcel y multa.

La tensión política entre Marcos y Duterte ha escalado desde que compartieron fórmula electoral en 2022. Sus diferencias incluyen desacuerdos sobre la política hacia China y acusaciones mutuas de corrupción e incompetencia. Duterte renunció en junio como secretaria de Educación del gabinete de Marcos.

El incidente más reciente fue provocado por la detención de Zuleika Lopez, jefa de despacho de Duterte, acusada de obstaculizar una investigación sobre el posible uso indebido de presupuesto.

En respuesta a la crisis, el jefe militar, general Romeo Brawner, emitió un comunicado reafirmando la neutralidad política de las Fuerzas Armadas y llamando a la calma y prudencia.

Sara Duterte es hija del expresidente Rodrigo Duterte, cuya controversial guerra contra las drogas está siendo investigada por la Corte Penal Internacional como un posible crimen contra la humanidad.

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