Trump envía a El Salvador 238 presuntos miembros del Tren de Aragua
El Salvador recibió este domingo a 238 presuntos miembros del Tren de Aragua y 23 de la Mara Salvatrucha (MS-13), deportados por Estados Unidos bajo una controvertida orden del presidente Donald Trump, quien invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
Hombre esposado con camisa blanca
Los detenidos fueron trasladados inmediatamente al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en Tecoluca, a 75 km de San Salvador, donde permanecerán por un año, con posibilidad de renovación. Este acuerdo se gestó en febrero durante una reunión entre el presidente salvadoreño Nayib Bukele y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio.
El traslado se realizó mediante tres aviones que aterrizaron en el aeropuerto internacional de El Salvador. Los detenidos llegaron encadenados y fueron sometidos a un protocolo estricto que incluyó el rapado de sus cabezas y la asignación de uniformes consistentes en pantalón corto, camiseta y calcetines blancos.
El Tren de Aragua, organización criminal venezolana formada en 2014 en la cárcel de Tocorón, fue incluida en febrero en la lista estadounidense de organizaciones terroristas junto con la MS-13 y seis cárteles mexicanos. Sus actividades incluyen asesinatos, secuestros, tráfico de drogas y trata de personas, con presencia en varios países del continente.
El gobierno venezolano ha criticado la medida, calificándola como una criminalización injusta de la migración venezolana. Por su parte, el Cecot, considerada la prisión más grande de América Latina, tiene capacidad para 40,000 reclusos y opera bajo un régimen severo.
El Salvador se convierte así en el único país centroamericano que acepta recibir presos deportados por Estados Unidos, mientras que Guatemala, Panamá y Costa Rica solo sirven como "puente" para migrantes deportados.
Esta medida ha generado debate entre expertos: mientras algunos la ven como una oportunidad estratégica para El Salvador, otros cuestionan la falta de marco legal y la transparencia en la gestión de los fondos que Estados Unidos pagará por el alojamiento de los presos.
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