El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional la Ley 10-15, que modificaba el Código Procesal Penal, estableciendo un plazo de un año para su corrección. Esta decisión se tomó tras admitir una acción directa de inconstitucionalidad presentada por Félix Enmanuel Castillo Díaz-Alejo.

La declaración de inconstitucionalidad se fundamenta en que la ley contraviene los artículos 76, 93.1 (literal b), 102 y 103 de la Constitución, así como los principios democrático, de bicameralidad, deliberación conjunta, separación de poderes y supremacía constitucional.

Aspectos clave de la decisión:

• La Ley 10-15 permanecerá vigente durante un año para evitar vacíos legales
• Al término del plazo, si no hay nueva legislación, se restablecerá el régimen de la Ley 76-02
• El Congreso Nacional deberá elaborar una nueva normativa que corrija las irregularidades
• La decisión fue tomada para preservar la seguridad jurídica y proteger los derechos fundamentales

El TC enfatiza que las leyes orgánicas requieren una mayoría calificada de dos tercios de los votos en ambas cámaras legislativas para su modificación, no siendo suficiente la aprobación por mayoría simple o la inacción legislativa para su validación.

Esta sentencia exhortativa con efectos diferidos busca permitir una transición ordenada hacia un marco legal constitucional, evitando disrupciones en el sistema judicial y garantizando la protección de los derechos ciudadanos.

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