La Ley de Extinción de Dominio 340-22, aprobada el 28 de julio de 2022, aún no ha sido implementada en el Poder Judicial dominicano, según informó el senador Antonio Taveras Guzmán, proponente de la legislación.

A pesar de contar con un periodo de "vacation ley" de un año antes de su promulgación, ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni la Suprema Corte de Justicia (SCJ) han adoptado las medidas necesarias para su ejecución. Este plazo venció el 28 de julio de 2023, acumulando ya un año y cuatro meses sin implementación.

Ante esta situación, el senador Taveras ha presentado un proyecto de resolución en la cámara alta para llamar la atención de los órganos judiciales persecutores sobre el cumplimiento de este ordenamiento congresual.

La Ley de Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos representa una de las principales conquistas del Poder Legislativo, a pesar de las preocupaciones manifestadas por diversos sectores de la sociedad durante su proceso de aprobación. Su objetivo principal es combatir el enriquecimiento ilícito en todas sus formas.

"Es increíble que la Procuraduría y el Ministerio Público no hayan podido implementar esta importante ley", expresó Taveras durante la sesión, enfatizando la necesidad urgente de poner en funcionamiento este instrumento legal contra la corrupción.

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