El Gobierno de Perú ha declarado estado de emergencia en Lima y la provincia de Callao por un periodo de 30 días, como respuesta a la creciente ola de criminalidad. Esta medida fue precipitada por el asesinato del cantante Paul Flores, vocalista de la orquesta de cumbia Armonía 10.

Durante este periodo, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas. La medida implica restricciones en derechos constitucionales fundamentales, incluyendo:

• Inviolabilidad de domicilio
• Libertad de tránsito
• Libertad de reunión
• Libertad y seguridad personales

El Ministerio del Interior coordinará acciones con diversas instituciones estatales, incluyendo:

• Poder Judicial
• Ministerio Público
• Defensoría del Pueblo
• Superintendencia Nacional de Migraciones
• Sucamec
• Gobierno Regional del Callao
• Municipalidad Metropolitana de Lima

Como medidas adicionales, el gobierno ha convocado una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) y ha anunciado una reforma del sistema penitenciario. Esta declaración de emergencia representa la continuación de una política que se ha vuelto común en la capital peruana desde el fin de la pandemia, siendo la última declaración similar en septiembre de 2024, cuando se implementó en 14 distritos de Lima y Callao por extorsiones a transportistas urbanos.

Mientras tanto, diversos grupos parlamentarios han expresado su disposición para apoyar una moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, aunque el gobierno mantiene su respaldo al funcionario.

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