La seguridad y educación de los estudiantes en el barrio 27 de Febrero del Distrito Nacional se encuentra en riesgo debido a la presencia de pandillas y las precarias condiciones de los centros educativos.

La situación vulnera el derecho constitucional a una educación de calidad, ya que los niños y adolescentes de la zona no disponen de instalaciones educativas adecuadas para su desarrollo integral.

Este escenario representa un doble desafío para la comunidad estudiantil: por un lado, la amenaza constante de la violencia por parte de las pandillas, y por otro, la falta de infraestructura educativa apropiada que garantice un ambiente seguro y propicio para el aprendizaje.

Las autoridades tienen el deber de intervenir para:

• Garantizar la seguridad de los estudiantes
• Mejorar las condiciones de las instalaciones educativas
• Implementar programas de prevención contra la violencia
• Asegurar el cumplimiento del derecho constitucional a la educación

La comunidad exige acciones inmediatas para proteger a los estudiantes y proporcionarles el entorno educativo digno que merecen, conforme lo establece la Constitución dominicana.

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