Un tribunal surcoreano emitió una orden de arresto contra el presidente suspendido Yoon Suk Yeol para interrogarlo sobre su intento de imponer la ley marcial el 3 de diciembre. Esta es la primera vez en la historia del país que un presidente en funciones, aunque suspendido, enfrenta una orden de arresto.

El panel investigador solicitó la orden después de que Yoon ignorara tres citaciones para declarar. Su equipo legal calificó la orden como "ilegal e inválida" y presentó un recurso para anularla.

La crisis comenzó cuando Yoon declaró sorpresivamente la ley marcial el 3 de diciembre, enviando al ejército a la Asamblea Nacional, alegando amenazas de "fuerzas comunistas norcoreanas" y "elementos antiestatales". La oposición logró ingresar a la cámara y votar contra la medida.

La Asamblea Nacional aprobó su destitución el 14 de diciembre, pendiente de ratificación por el Tribunal Constitucional antes de mediados de junio. Yoon enfrenta cargos de insurrección, que pueden conllevar cadena perpetua o pena capital.

Según un informe de investigadores, Yoon autorizó a militares a disparar si fuera necesario para tomar la Asamblea Nacional. Su abogado rechaza estas acusaciones como "parciales".

La ejecución de la orden de arresto es incierta, válida hasta el lunes. El servicio de seguridad de Yoon ha impedido tres allanamientos previos a dependencias presidenciales. Los investigadores allanaron oficinas del mando de contrainteligencia militar y acusaron a dos altos mandos.

El primer ministro Han Duck-soo también fue destituido por no firmar proyectos para investigar a Yoon. El ministro de Finanzas, Choi Sang-mok, asumió como jefe de Estado interino y nombró dos nuevos jueces al Tribunal Constitucional que decidirá sobre la destitución.

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