El empresario canadiense Antonio Carbone, acusado en 2014 por intento de homicidio contra Fernando Báez Guerrero, ha visto sus derechos fundamentales violados según afirman sus representantes legales, el expresidente de la JCE Roberto Rosario y el exprocurador Hotoniel Bonilla.

El caso ha sentado un precedente histórico al ser la primera vez que el Tribunal Constitucional anula un proceso judicial completo. Los abogados señalan múltiples violaciones a los derechos de Carbone, incluyendo:

• Arresto sin orden judicial
• Retención irregular en el Aeropuerto de Punta Cana
• Prisión preventiva extendida por nueve años
• Investigación prolongada más allá de lo permitido por ley

Carbone, quien fue condenado en mayo 2020 a cinco años de prisión y al pago de indemnizaciones por 25 millones de dólares, vio su caso anulado en agosto 2023, con nuevas medidas de coerción implementadas en enero 2024.

Los hechos se remontan a diciembre 2014, cuando se incendió el vehículo de Báez Guerrero, entonces empleado de Dream Casinos Corporation, empresa cofundada por Carbone. En el momento del incidente, Carbone se encontraba en Canadá.

Los representantes legales sugieren una posible conspiración, señalando que tras la detención de Carbone, Báez Guerrero asumió la gerencia de la empresa y obtuvo otros beneficios. Además, denuncian que se ignoraron las recomendaciones médicas sobre el tratamiento del Parkinson que padece Carbone durante su detención.

A pesar de las gestiones realizadas ante los procuradores Jean Alain Rodríguez y Miriam German, los abogados afirman no haber recibido solución para la situación de su cliente.

Como consecuencia de estos acontecimientos, un juez del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fue suspendido tras una querella interpuesta por Báez Guerrero por haber variado las medidas de coerción.

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