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La Procuraduría General de la República estableció que la Ley Electoral 20-23 limitaba injustificadamente las candidaturas independientes, por lo que solicitó al Tribunal Constitucional declarar la inconstitucionalidad de varias disposiciones.
Los artículos 41, 47 y 48 de la ley fueron señalados específicamente por imponer restricciones excesivas que vulneran derechos fundamentales como la igualdad y la participación política.
La institución argumentó que los requisitos para candidaturas independientes resultan "desproporcionados e irrazonables" en comparación con los exigidos a candidatos de partidos políticos, creando así una barrera discriminatoria.
Entre las disposiciones cuestionadas destaca la obligación de recolectar firmas del 1% del padrón electoral para aspirantes presidenciales independientes, mientras que los partidos políticos no enfrentan este requisito.
La Procuraduría enfatizó que estas limitaciones violan principios constitucionales fundamentales y tratados internacionales sobre derechos políticos, solicitando su modificación para garantizar un proceso electoral más equitativo.
Mujer hablando en podio
La acción directa de inconstitucionalidad busca proteger el derecho ciudadano a participar en la vida política nacional sin discriminación, asegurando que las candidaturas independientes tengan oportunidades justas de competencia electoral.
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